La decisión de la Corte Suprema de Chile, que reconoció como ilegales las acciones de casi todos los operadores de apuestas deportivas del país, tiene un grave impacto en la industria deportiva del Estado, y especialmente en el fútbol. Una de las consecuencias de esta decisión es la prohibición de los acuerdos de patrocinio de los equipos con las casas de apuestas.